Un modelo de ciudad excluyente
Académicos, periodistas y defensores de derechos humanos han lanzado un manifiesto contra la nueva Ordenanza de Convivencia que prepara el Ayuntamiento de Barcelona. Según los firmantes, la normativa profundizaría un modelo de ciudad basado en la vigilancia, castigo y exclusión de los sectores más vulnerables, en lugar de promover soluciones sociales integrales.
El documento advierte que la ordenanza -heredera de la anterior normativa y del Pla Endreça– incrementaría las sanciones económicas y ampliaría los comportamientos sancionables en el espacio público. «Esto consolida dinámicas de criminalización hacia personas en situación de pobreza, sintecho o migrantes», señala el texto. Los críticos exigen políticas basadas en la participación comunitaria antes que en el control represivo.
Impacto en los derechos fundamentales
La propuesta municipal llega en un contexto donde organizaciones sociales ya han denunciado el aumento de multas por mendicidad o pernocta en espacios públicos. «En lugar de abordar las causas estructurales de la exclusión, se opta por castigar sus manifestaciones visibles», critica el manifiesto.
Expertos recuerdan que medidas similares en otras ciudades han demostrado poca efectividad, mientras generan mayor estigmatización de poblaciones vulnerables. La ordenanza entraría en contradicción con los discursos oficiales sobre derechos sociales e inclusión.
Alternativas comunitarias
Los firmantes proponen sustituir el enfoque punitivo por:
- Servicios sociales accesibles y adecuados
- Procesos participativos en el diseño de políticas públicas
- Presupuestos orientados a integración social
El debate coincide con el aumento de la pobreza urbana postpandemia, que ha visibilizado las limitaciones de los modelos basados en la mera vigilancia.
