Prejuicios que condicionan la justicia
El concepto de violencia institucional contra las mujeres, reconocido por la ONU desde 1993, sigue siendo una realidad en España. Recientes casos judiciales evidencian cómo los prejuicios de género distorsionan las respuestas institucionales: mientras denuncias de mujeres sobre violencia sexual suelen ser cuestionadas, las reclamaciones de hombres sobre custodia encuentran mayor credibilidad automática.
Esta discriminación sistemática se manifiesta cuando:
- Una madre denuncia abuso infantil y no se investiga
- Un padre reclama custodia y recibe apoyo policial inmediato
- Los testimonios femeninos son sistemáticamente puestos en duda
Marco legal insuficiente
Aunque la Ley de Infancia de 2021 y la reforma catalana de 2020 han intentado combatir estos sesgos, expertas señalan que falta reconocimiento explícito en la legislación estatal. «La violencia institucional sigue siendo tratada como una moda, no como una realidad estructural», denuncian desde colectivos feministas.
Casos como el de Ángela Carreño ejemplifican cómo las propias instituciones pueden convertirse en cómplices de la violencia machista, ya sea por acción (mediante decisiones discriminatorias) o por omisión (al no proteger adecuadamente).
La batalla por el reconocimiento
Organizaciones feministas insisten en:
- Reformar las leyes integrales para incluir la violencia institucional
- Capacitar a funcionarios y operadores jurídicos
- Establecer protocolos contra prejuicios de género
Mientras fiscales sigan cuestionando esta realidad y los tribunales mantengan sesgos discriminatorios, la lucha contra esta forma de violencia sistémica seguirá siendo urgente. Como señalan las expertas: «No es una moda, es una violación de derechos humanos».
