Nueva arquitectura institucional contra el fraude
El presidente Pedro Sánchez ha presentado en el Congreso un Plan Estatal contra la Corrupción con 15 medidas estructuradas en cinco ejes clave. Desarrollado con la OCDE, GRECO y la Comisión Europea, el plan busca crear una Agencia de Integridad Pública independiente que centralizará la lucha contra el fraude. «Reforzaremos los controles con inteligencia artificial en contratación pública y exigiremos sistemas de compliance a las empresas», destacó Sánchez.
Entre las novedades destaca la extensión del modelo de control de los Fondos NextGen a toda la Administración y una nueva Ley de Administración Abierta que reducirá a 2.500 euros el umbral para publicar donaciones políticas. Los partidos con financiación superior a 50.000 euros deberán realizar auditorías externas obligatorias, mientras se endurecen las sanciones por irregularidades contables.
Protección reforzada para denunciantes y justicia especializada
El plan introduce garantías de confidencialidad para denunciantes de corrupción y obliga a empresas y administraciones a implementar canales de reporte seguros. Judicialmente, se crearán tribunales especializados en delitos contra la Administración Pública con procedimientos sumarios para casos que involucren cargos públicos.
Las reformas incluyen duplicar los plazos de prescripción de estos delitos y calcular multas a empresas corruptoras sobre sus ingresos anuales, no solo sobre beneficios ilícitos. Sánchez anunció además listas negras para impedir que empresas condenadas contraten con el Estado y la incautación preventiva de bienes sin necesidad de sentencia firme.
Cultura de integridad y recuperación de activos
Para combatir la opacidad, la Oficina de Recuperación de Activos ampliará su plantilla para rastrear bienes robados, coordinándose con la Fiscalía Europea. Paralelamente, se lanzarán campañas anuales de sensibilización y formación en ética para funcionarios, complementadas con estudios sobre percepción ciudadana de la corrupción.
Este paquete legislativo, que incorpora recomendaciones internacionales, aspira a posicionar a España entre los países con mayores estándares de transparencia. Su implementación comenzará en los próximos meses, con especial foco en la transformación digital de los controles administrativos.
