Un cambio histórico en la política habitacional
España vive una transformación sin precedentes en su modelo de vivienda pública. Por primera vez, las promociones de protección oficial destinadas al alquiler superan a las de compra, un hito que refleja la consolidación de un nuevo paradigma social. Este avance responde a una demanda acumulada durante años por parte de jóvenes, familias de ingresos medios y sectores vulnerables que no pueden acceder al mercado libre.
Según datos del Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, las calificaciones definitivas de Vivienda de Protección Oficial (VPO) para alquiler aumentaron un 167% en el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. De las 5.843 viviendas reconocidas oficialmente entre enero y junio, más de la mitad (51,3%) se destinaron al arrendamiento, frente al 23,7% del año pasado. Madrid lidera esta tendencia con el 56% de las nuevas calificaciones, seguida de Andalucía y Cataluña.
El impulso del Estado y la respuesta europea
Este crecimiento no es casual. Forma parte de una estrategia estatal coordinada para priorizar el alquiler como vía de acceso a la vivienda, después de décadas centradas en la propiedad. Los datos del Plan de Recuperación europeo y la aplicación de la Ley de Vivienda han sido claves para financiar proyectos y fomentar la colaboración público-privada.
En los últimos nueve meses, el Gobierno asegura haber puesto en marcha 33.537 nuevas viviendas y otorgado más calificaciones provisionales que en todo el primer mandato de Mariano Rajoy. Sin embargo, el parque público español sigue rezagado: solo representa el 3% del total, frente al 9% de media europea, según Eurostat.
Además, el Ejecutivo pretende corregir esa brecha destinando el 40% de los 7.000 millones de euros del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a la construcción de vivienda protegida y asequible. Una apuesta que, de cumplirse, situaría a España más cerca de sus socios europeos.
Madrid, epicentro del nuevo ladrillo social
La Comunidad de Madrid se ha convertido en el principal laboratorio del alquiler protegido, concentrando 1.698 de las 3.000 VPO de este tipo aprobadas en 2025. Esta cifra supera al total del resto de comunidades autónomas combinadas. Sin embargo, también es la región con los precios más altos y con una brecha creciente entre salarios y coste de vivienda.
Por esta razón, el auge de la vivienda protegida en alquiler no solo es un avance político, sino también una necesidad económica y urbana. Los expertos advierten, no obstante, que el desafío no está únicamente en construir más, sino en mantener un parque público estable, blindado frente a los ciclos electorales y la especulación.
El reto de consolidar un modelo duradero
A pesar del entusiasmo oficial, los analistas advierten que el cambio solo será real si se garantiza la permanencia del alquiler público. La historia reciente demuestra que gran parte de las viviendas protegidas acaban vendiéndose o liberalizándose con el tiempo, debilitando su función social.
Por ello, el Gobierno estudia medidas intermedias, como ofrecer ayudas de hasta 30.000 euros a jóvenes menores de 35 años para acceder a viviendas bajo el régimen de alquiler con opción a compra. Esta propuesta busca equilibrar el ideal del alquiler social con la tradición española de la propiedad.
En cualquier caso, el futuro de la vivienda en España dependerá de la continuidad política, la gestión transparente y el compromiso presupuestario. Porque el verdadero reto no es solo levantar más ladrillos, sino garantizar que esos ladrillos sigan siendo públicos, accesibles y humanos.
