El conflicto legal entre Iberdrola y Beatriz Corredor evidencia tensiones históricas entre el sector privado y el Estado español.
Crisis de confianza en el sector eléctrico español
El mercado energético español no solo fluye por las líneas de alta tensión, sino también por los pasillos políticos y judiciales. Iberdrola ha demandado a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España (REE), por declaraciones en el Senado consideradas un ataque a su reputación profesional.
Durante su comparecencia en septiembre, Corredor defendió la actuación de REE ante el apagón masivo del 28 de abril y señaló, sin mencionar nombres, el “incumplimiento de los grupos convencionales” como causa del fallo. Iberdrola se sintió aludida y lo interpretó como una imputación indirecta de culpa. En un sector donde cada palabra pesa económicamente, tales interpretaciones tienen un impacto que trasciende lo técnico.
Batalla judicial entre lo público y lo privado
La respuesta de Iberdrola fue rápida y firme. Ignacio Galán, presidente de la compañía, anunció que llevarán el asunto ante los tribunales. El objetivo no es solo proteger la imagen corporativa, sino marcar límites en un escenario donde la reputación pública es tan importante como la eficiencia técnica.
Este litigio vuelve a poner de relieve la desconfianza histórica entre operadores del sistema y generadoras privadas. Aunque no es un fenómeno nuevo, el apagón reciente ha reabierto viejas heridas sobre responsabilidades compartidas y el control estatal frente al poder empresarial.
Destacar elementos como la política energética europea y la relación entre gobierno y sector privado puede resultar útil para quienes siguen la evolución del mercado eléctrico español.
Política, transparencia o supervisión excesiva
El Gobierno español también se ve implicado en esta disputa. El comité creado para investigar el apagón, cuestionado por Iberdrola ante el Tribunal Supremo, genera incertidumbre sobre si se busca transparencia legítima o control político sobre las eléctricas privadas.
Beatriz Corredor, exministra socialista, representa la intersección entre política y técnica. Sus declaraciones en el Senado no solo tienen carácter técnico, sino que también envían un mensaje claro: el Estado no permitirá que los intereses privados dicten la narrativa del sistema energético.
Reputación corporativa y desafíos futuros
Por su parte, Iberdrola defiende su historial de cumplimiento y liderazgo en innovación. Sin embargo, la reacción legal refleja la importancia de la reputación en tiempos de transición energética, electrificación y competencia regulatoria.
El apagón de abril fue un fallo puntual, pero el apagón de confianza podría tener consecuencias más duraderas. Cuando la energía se politiza y la política se judicializa, los apagones —técnicos o institucionales— se vuelven inevitables. La cooperación entre el Estado y las empresas privadas será clave para garantizar estabilidad y confianza en el sistema eléctrico español.
