Las energéticas actúan en bloque y desafían el calendario nuclear oficial
energía nuclear en España
Las principales compañías eléctricas de España —Iberdrola, Endesa y Naturgy— han decidido solicitar formalmente una prórroga de tres años para la central nuclear de Almaraz, situada en Cáceres. La medida, acordada por unanimidad en la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), busca mantener operativo el primer reactor hasta 2030, desafiando el calendario de cierre establecido por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El movimiento de las eléctricas llega tras meses de tensiones con el Ejecutivo y supone un giro estratégico: por primera vez desde 2019, las tres empresas actúan en conjunto para prolongar la vida útil de una planta clave para la seguridad energética nacional. Fuentes del sector confirman que la solicitud será presentada antes del 1 de noviembre ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
La central de Almaraz ha sido reconocida por la Organización Mundial de Operadores de Energía Nuclear (WANO) con el nivel de excelencia, lo que refuerza el argumento técnico a favor de su continuidad.
El contexto político y económico impulsa el consenso empresarial
El nuevo acercamiento entre las eléctricas se ha visto favorecido por decisiones regionales y factores de estabilidad del sistema eléctrico. La Junta de Extremadura, presidida por María Guardiola (PP), redujo recientemente a la mitad la ecotasa autonómica aplicada a las nucleares, facilitando la postura de las compañías.
Además, las alertas por riesgo de apagón emitidas por Red Eléctrica de España (REE) y la persistente volatilidad del gas natural han reforzado el argumento de mantener operativas las plantas nucleares. En este contexto, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha defendido una prórroga limitada hasta 2030 como “una solución intermedia que garantiza la estabilidad sin frenar la transición energética”.
Como resultado, el sector busca abrir un nuevo diálogo con el Gobierno sobre el calendario de cierre del parque nuclear español, actualmente fijado entre 2027 y 2035.
La postura del Gobierno y los compromisos climáticos
Desde el Ejecutivo, la posición oficial se mantiene firme: no se modificará el calendario nuclear si ello compromete los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) o incrementa el coste eléctrico. Sin embargo, la decisión de Iberdrola, Endesa y Naturgy introduce un matiz importante: las empresas no exigirán incentivos fiscales inmediatos, lo que podría facilitar un acercamiento político sin impacto directo sobre los consumidores ni el presupuesto público.
La continuidad de Almaraz es un asunto estratégico. La planta genera el 7 % de la electricidad nacional y da empleo directo e indirecto a miles de personas en una región afectada por la despoblación. En términos energéticos, su operación aliviaría la dependencia de los ciclos combinados de gas y fortalecería la seguridad del suministro en un contexto geopolítico inestable tras la guerra en Ucrania.
Un debate nuclear con horizonte político abierto
La Unión Europea ha reconocido recientemente la energía nuclear como tecnología limpia y libre de emisiones, lo que ha suavizado su percepción pública y podría allanar el camino hacia un replanteamiento de la política nuclear española.
La decisión final, sin embargo, recae ahora sobre el Gobierno. Si el Ministerio acepta la prórroga, se abrirá una nueva etapa de negociación con las grandes eléctricas, potencialmente redefiniendo la estrategia energética de España. Si se rechaza, las compañías deberán continuar con el plan de desmantelamiento previsto para 2027.
En cualquier caso, el movimiento conjunto de Iberdrola, Endesa y Naturgy coloca al Ejecutivo ante una encrucijada: priorizar los compromisos climáticos o asegurar la estabilidad del sistema eléctrico. El desenlace marcará el futuro inmediato de la energía nuclear en España.
